Subsecretaria de
Políticas contra las Violencias por Razones de Género
Hemos recorrido un largo camino en estos primeros años de institucionalidad fundacional, y no se nos pueden escapar dos cuestiones centrales: una, la decisión política del gobernador Axel Kicillof de otorgar a las políticas de género el máximo rango de jerarquía en la estructura del Ejecutivo; otra, que la primera ministra sea Estela Díaz, una militante feminista proveniente de las organizaciones sindicales y sociales.
Las políticas contra las violencias deben analizarse en contexto sociohistórico y de manera situada. A su vez, se inscriben en un ministerio que tiene dimensiones que lo caracterizan, como son la transversalidad, las políticas para la igualdad y la prevención y promoción de derechos, lo que permite ampliar la perspectiva. Lejos de anclarnos en comprender a las personas como víctimas, construimos políticas públicas desde fundamentos feministas y de derechos humanos, entendiendo que mujeres y LGTBI+ son sujetos de derechos.
El 9 de enero de 2020 presentamos nuestras Líneas de Acción en la Casa de Gobierno. Quiero partir de allí para repasar aquello que llevamos adelante, lo que planificamos y construimos al poner en marcha una «máquina en movimiento», como señaló Ana María Fernández en el marco de una supervisión externa. Una máquina que no se detuvo a pesar de todas las inclemencias; que en plena pandemia atendió sin descanso, las 24 horas del día, los 365 días del año, conscientes de la oportunidad de sentar las bases que permitirían soñar un futuro posible.
En aquel momento, expresamos: «dejamos de considerar que hay una violencia, para dar cuenta de las múltiples violencias y discriminaciones por razones de género que permean todos los ámbitos por los que transitamos, e interactúan con otras formas de discriminación y vulneración de derechos». Este 2023, tras dos años de intenso trabajo, el gobernador presentó ante la legislatura el proyecto de ley sobre Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género; allí se condensan las experiencias de la práctica y procedimientos con los que hoy no contamos. Estamos ante la posibilidad de superar la Ley de Violencia Familiar, reconocer lo importante que fue en su momento, y promover la ampliación de derechos.
También decíamos que «las políticas públicas deben ser integrales e integradas», y hoy contamos con un Sistema Integrado de Políticas Públicas, cuyos componentes dan cuenta de la prevención, atención, abordaje, contención y protección ante el Alto Riesgo; que suma una evaluación de riesgo a través de una matriz; aporta mecanismos y herramientas de cuidado de los equipos; plantea estrategias de salida de las violencias, de fortalecimiento de equipos situados y organizaciones; que presenta una red de múltiples dimensiones comunitarias y en diferentes niveles.
Nos propusimos, en aquella oportunidad, «ordenar los componentes del sistema de manera tal que no se superpongan sino que se articulen y dialoguen»; y desde el principio hemos dado pasos que se dirigieron a este objetivo, a través de protocolos y guías de actuación para la Línea 144 de la provincia de Buenos Aires, para los Hogares y Casas Abiertas, para los equipos de Casos Críticos; capacitando a cientos de personas de diferentes organizaciones e instituciones y construyendo herramientas de sistematización, como es el primer Registro Único de Casos, vigente en nuestra Provincia.
Nos planteamos la «revalorización de la Mesa Intersectorial contra las violencias», en la que los diferentes ministerios tienen un papel innegable, y lo hicimos de manera sostenida. Constituimos mesas de trabajo que nos permitieron llevar adelante avances para la intervención, como es el Formulario Único de Denuncias.
Decíamos que «una política pública sin territorialidad está destinada al fracaso» y que «la base del sistema está en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires»; por eso, promovimos la creación de Mesas Locales Intersectoriales allí donde no estaban, y elaboramos documentos rectores destinados a su funcionamiento, complementando con políticas destinadas a las zonas rurales. También debemos mencionar que era muy débil la institucionalidad territorial para el abordaje (esta problemática requiere de respuestas situadas), por lo que el programa Comunidades sin Violencias aportó fondos para el fortalecimiento de las áreas, a través de la firma de convenios con 133 municipios.
Hablamos de «diferentes niveles de escucha comprometida, de la labor interdisciplinaria y del acompañamiento activo, que son las materias primas de nuestra acción política»; por ello, se robustecieron los equipos de atención en el ministerio y se acompañó la creación de equipos en organismos públicos, dando cuerpo a la Ley de Licencias para Mujeres Víctimas de Violencia en la Administración Pública.
Manifestamos que «cuando hay violencias, no sólo debemos prestar nuestra atención a quienes las sufren sino también a quienes las ejercen». Sabíamos que perder de vista a los varones que ejercen violencia es colaborar con la impunidad y condenar a las mujeres y LGTBI+ al padecimiento de ser parias en la sociedad. Por ello, se instrumentó el programa y protocolo de Dispositivos Duales Electrónicos junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, y se multiplicaron los espacios de atención a varones como políticas de prevención de las violencias.
Por otra parte, nos planteamos «la planificación de políticas que nos permitan visualizar los procesos, reconocer las historias, dejar de actuar de manera fragmentada para poder dar cuenta del todo»; y generamos conocimiento con la organización de tres congresos, en donde múltiples experiencias se pusieron en diálogo. Hoy, contamos con registros de femicidios, travesticidios, muertes en contexto de violencia de género, desapariciones, informes acerca de intentos de femicidios —entre otros materiales producidos sistemáticamente—, que nos permiten reconocer las formas y métodos que adquieren las violencias, sus entramados, causas y consecuencias.
Otro componente fundamental fue el destinado a la memoria. Hicimos hincapié en que «este grave problema social que atenta contra los derechos humanos requiere de políticas que venzan el olvido, que se inscriban en cada escuela, en cada calle, en cada muro, en cada plaza, en cada radio, en cada diario»; y así cobró vida el programa Mariposas, a través del cual llevamos adelante señalizaciones en diferentes lugares de la Provincia; y también lo hicimos de la mano del programa Yendo, de prevención de violencia en jóvenes.
La reparación constituyó otro desafío y así surgió el Programa de Abordaje ante femicidios, travesticidios y transfemicidios. Ante lo irreparable, es preciso y es deber la presencia de un Estado que acompañe. Por otro lado, formulamos el programa Mar para Todas, alentando la grupalidad y el disfrute, el merecimiento del ocio y las vacaciones de quienes transitan o han transitado la opresión de la violencia.
Logramos poner la máquina en movimiento. Lo hicimos reconociendo que las violencias son múltiples y que las respuestas en políticas públicas deben ser integrales e integradas, en el marco de un sistema que nos proporcione la metodología que dé cuenta de esto; lo hicimos con presencia en todo el territorio bonaerense. Generamos conocimiento. Construimos memoria. Dimos pasos fundamentales para el reconocimiento de la reparación.
Nuestros esfuerzos se dirigen a asentar las bases para avanzar en la apuesta por la autonomía y la erradicación de las violencias, que, como también lo señalamos en aquellas primeras Líneas de Acción, «dan tanto la revalorización de la palabra como la dignidad del trabajo y la seguridad de la vivienda propia». Esos son los ejes que deben ser prioritarios en los próximos cuatro años. Es preciso la continuidad de la institucionalidad y la profundización de las políticas públicas en esta empresa que recién comienza.
28 de junio de 2023