Lucía Portos
Subsecretaria de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
Las políticas de igualdad de género,
un camino de Justicia Social
Hace casi cuatro años tomamos el desafío de construir el primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, en consonancia con la tradición histórica de nuestro espacio político que en otros tiempos jerarquizó áreas de políticas públicas como Salud, Trabajo o Educación. En este tiempo, se hizo necesario crear un ministerio que transversalice la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida comunitaria e institucional. Como en aquellas experiencias previas, esta jerarquización fue fruto del reconocimiento de la lucha popular por cambiar la realidad injusta.
Como militantes entendemos que las políticas que el ministerio lleva adelante deben ser útiles no sólo para combatir las violencias por razones de género, sino para resolver las inequidades históricas y estructurales por las cuales las mujeres, lesbianas, travestis y trans necesitamos de la acción estatal para lograr igualdad en el acceso a derechos. Con esos horizontes claros, encontramos una Provincia diversa, compleja, amplia, que necesitaba respuestas a la altura de ese abanico de realidades.
Entre los más altos desafíos estuvo incluida la pandemia de Covid-19, que puso de relieve la desigualdad en el acceso a recursos básicos o la inseguridad social cuando es imposible salir a trabajar. Las demandas particulares que fueron llegando, en ese momento, nos marcaron las prioridades a las que debía atender nuestra planificación de políticas públicas.
En la emergencia, recurrentemente, asistimos a mujeres en situación de vulnerabilidad económica que cuidan solas o acompañadas de otras mujeres. Entendimos que este emergente es estructural, pero para poder plantear acciones que intenten reparar, realizamos una investigación que nos reveló problemas presentes en el incumplimiento de la cuota alimentaria, flagelo tan común como invisibilizado, que se traduce en pobreza, falta de tiempo de ocio, sobrecarga e injusticia sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes de todas las clases sociales; cuestiones que no llegan a resolverse con la intervención del Poder Judicial.
Por otra parte, siguiendo los parámetros de Derechos Humanos que deben observar los órganos del Estado, y sobre la base de las demandas de organizaciones feministas y de familiares de mujeres, lesbianas, travestis y trans en conflicto con la ley penal, elaboramos un esquema de trabajo de Apoyo a las Defensas, destinado a dar asistencia jurídica a abogadxs defensores de personas en situación de encierro penitenciario o domiciliario en casos de manifiesta infracción a los Derechos Humanos de mujeres y LGTBI+, donde los procesos se tornaban arbitrarios, porque se basaban en estereotipos de género y no en hechos, derecho y prueba.
Por otro lado, consideramos fundamental el trabajo con los varones a través de políticas que los involucren y generen procesos reflexivos sobre sus prácticas. Por eso, llevamos adelante el programa Promotores y Promotoras para la Igualdad, y distintas capacitaciones para transversalizar el enfoque de masculinidades en ámbitos laborales, clubes, instituciones educativas y áreas de gestión municipal.
En este mismo sentido, articulamos con dispositivos de abordaje para varones en 93 municipios de la provincia de Buenos Aires, para generar espacios de reflexión y responsabilización de las violencias ejercidas. Además, contamos con la Línea Hablemos, un espacio de primera escucha y orientación para varones que han ejercido violencias de género, que trabaja con organismos e instituciones de la Provincia para construir y alojar las demandas.
Por otra parte, en conjunto con la Secretaría de Inclusión Social de la Nación, implementamos el Plan de Protección Social Travesti Trans, otorgando tarjetas de acompañamiento alimentario a 3722 personas travestis y trans provenientes de 102 municipios de la provincia de Buenos Aires. Estas personas se inscribieron a través de 41 municipalidades y 45 organizaciones sociales, políticas y sindicales. Además, a través de la línea de WhatsApp «Consultas diversidad», asistimos casos particulares de la comunidad LGTBI+ a través de entrevistas, estrategias de abordajes y articulaciones con otras dependencias del Estado provincial, nacional y municipal. También pusimos en funcionamiento el programa Red Orgullo para fortalecer las referencias territoriales y la formación de promotores y promotoras de políticas de diversidad sexual, a través de instancias de sensibilización y capacitación, la provisión de materiales de aprendizaje y la confección de una guía de trámites. Este programa lleva capacitadas 192 personas como promotoras y se alcanzó a otras 96 personas con charlas de sensibilización.
Por otra parte, en conjunto con el Ministerio de Salud, lanzamos una serie de cuadernillos sobre Diversidad Corporal, para abordar las prácticas culturales e institucionales que redundan en la discriminación sistemática que sufren las personas gordas, fundamentalmente dentro del sistema de salud.
También llevamos a cabo distintos programas, acciones e iniciativas para incorporar la perspectiva de género a favor del cumplimiento y ampliación de derechos económicos, sociales y culturales de colectivos particularmente vulnerados de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el Programa de Abordaje Integral de Casos Complejos (PAICC), que aborda de manera integral, interdisciplinaria e intersectorial las situaciones de extrema vulnerabilidad por razones de desigualdad de género; el programa ESI con Amigues, construido colaborativamente con adolescentes y jóvenes bonaerenses, para fortalecer espacios comunitarios, generar mayor acceso a la información y potenciar la participación de jóvenes como agentes de transformación social y cultural; y el abordaje interdisciplinario e interministerial para el cumplimiento del Parto Respetado en el territorio bonaerense y, en particular, para las personas en contexto de encierro.
Sabemos que las desigualdades estructurales son reflejo de las inequidades económicas, por eso abordamos con especial énfasis las políticas vinculadas con el acceso al trabajo. En este sentido, destacamos la experiencia del Expo Congreso Nosotras Producimos, que constituyó un espacio para el intercambio de experiencias entre el sector privado, organizaciones sindicales, cooperativistas, universidades y representantes del Estado, generando y potenciando vínculos de la comunidad productiva. La transformación de los espacios de trabajo es sustancial. Como política emblemática, en ese sentido, mencionamos el Sello Construir Igualdad, que conforma un proceso de diagnóstico y acompañamiento técnico para la concreción de estándares de igualdad de género para el sector empresarial, y que se replica en acciones realizadas para otras organizaciones. Además, este mundo del trabajo se ve atravesado por la necesidad de generar espacios de cuidado comunitarios, y, en este sentido, cabe destacar el programa Co-Responsables, que implementa juegotecas, lactarios, formaciones en buen trato y cuidados domiciliarios a personas mayores, responsabilidad compartida en la lactancia y herramientas para facilitar el juego en espacios comunitarios.
También recorrimos toda la Provincia (virtual y presencialmente) a través del programa Tramando Derechos, una propuesta de capacitación territorial en distintas temáticas, tales como Salud Sexual y (no) Reproductiva, Derecho de Familia, Gestión Menstrual, entre otras, que nos permiten tener un contacto permanente con la comunidad.
Estos años nos han servido para trazar los primeros pasos de todo un conjunto de políticas que esperamos que hayan llegado para quedarse en el Estado provincial. Confiamos en que sólo la ampliación del paradigma de derechos y la construcción de un Estado presente pueden reparar aquello que resulta abiertamente injusto. En el país de las Madres y las Abuelas, sabemos bien que no alcanza con declarar el compromiso con los Derechos Humanos, sino que es vital hacerlos carne en una práctica política que todo el tiempo nos desafíe a ser mejores. Quienes crecimos con los ejemplos de Néstor y Cristina sabemos que la política es la mayor herramienta de transformación social, y que el Estado puede y debe construir una relación virtuosa con los movimientos sociales, para ampliar su alcance y satisfacer las nuevas demandas de la comunidad. No es menor el desafío, esperamos estar siempre a la altura.
5 de junio de 2023