Mirta Bruno
Asesora ad honorem. Coordinadora de la Comisión de Articulación y Seguimiento de la Mesa Interpoderes.
La Nación Argentina adopta para su gobierno
la forma representativa republicana federal.
(Art. 1º Constitución Nacional)
Trabajo colaborativo entre los poderes del Estado
La forma republicana de gobierno adoptada por nuestra Nación implica la división del poder estatal para el cumplimiento de sus fines. Siguiendo a Bidart Campos 1, lo que se divide no es el poder sino las funciones y los órganos que las cumplen y que, con el objetivo de lograr equilibrios y evitar abusos, están claramente explicitados en la Constitución Nacional y en la Provincial.
La experiencia acumulada en la práctica de defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en materia de violencias por razones de género y de los derechos sexuales y reproductivos, nos señaló la indispensable necesidad de articular, coordinar, entrelazar las funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales. De poco sirve una muy buena ley, emanada de la voluntad popular a través de sus representantes, si no se garantizan el cumplimiento efectivo y la intervención de los órganos judiciales en lo que les compete.
De esta interpretación normativa y de lo constatado en la realidad, surgió la creación de la Mesa Permanente de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual entre los Poderes de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires2. Se trata de un órgano con representantes ad honorem de los tres poderes del Estado provincial (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), presidido por la ministra, que se reúne periódicamente y va construyendo la agenda de temas de interés común. La Mesa Interpoderes (que en adelante llamaremos MI) tiene una dinámica reglamentada y adquiere continuidad con la Comisión de Articulación y Seguimiento que, como su nombre lo indica, se encarga de impulsar el desarrollo de los temas contenidos en la agenda de la MI.
Las mesas de trabajo que se conformaron para abordar cada tema contaron con la participación de funcionarios, funcionarias, operadores y operadoras del Ministerio de Seguridad (MS), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJyDHH) y del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual (MMPGyDS); de la Suprema Corte de Justicia (administración de justicia) y de la Procuración General (Ministerio Público), así como también con integrantes de las cámaras de la legislatura en relación con necesidades de reformas o promoción de nuevas leyes.
El intercambio ha resultado enriquecedor, fructífero, dinámico, colaborativo, consciente de que tenemos responsabilidad dentro del Estado y que no estamos para competir sino para cooperar. A continuación, compartimos un resumen de los principales temas y avances que se abordaron en este espacio de articulación.
Órganos especializados del Ministerio Público3
Se trata de las fiscalías temáticas o especializadas para el abordaje de denuncias por delitos contra las mujeres y otras identidades, cometidos por razones de género. El panorama con el que allí nos encontramos, detallado en el informe «La investigación penal especializada para casos de violencia de género»4 —realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia— evidenció la heterogeneidad de los órganos existentes, los inconvenientes a raíz de la disparidad de criterios y la necesidad de establecer parámetros comunes que orienten las investigaciones con perspectiva de género.
Este informe se actualiza permanentemente en búsqueda de soluciones y, para eso, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual aporta casuística y articulaciones que contribuyen a la mejora permanente de los dispositivos existentes.
En otro orden, la mesa de trabajo encargada del tema acordó la inconveniencia de crear fiscalías de este tipo mediante leyes, motivo por el cual no avanzaron los proyectos que estaban en tratamiento en la legislatura: cada departamento judicial tiene características propias, y son las fiscalías generales las que determinan la creación de las unidades especializadas y establecen su organización y competencias.
Un avance de suma importancia fue la creación de órganos centralizados que atienden las cuestiones en materia de género: la Procuración General creó la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar; y la Suprema Corte, la Comisión Permanente de Género e Igualdad. Ambas decisiones de gestión significan la revalorización de una problemática instalada definitivamente en las agendas de políticas públicas.
Formulario Único de Denuncias
Al inicio de la pandemia por Covid-19, y avizorando el aumento del riesgo que correrían las mujeres en situaciones de violencias por el encierro, la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de nuestro ministerio propuso un mecanismo de denuncias a través de una aplicación. Esta iniciativa se sumó a la MI y, si bien no prosperó tal como fue pensado inicialmente, logró instalar la necesidad de mejorar las herramientas para tramitar denuncias de violencia por razones de género.
Así surge el Formulario Único de Denuncias para el uso en comisarías y en todos los fueros (Penal, Familia, de Paz). Es producto de un trabajo conjunto entre los ministerios de Mujeres, Justicia y DDHH, Seguridad, y el Poder Judicial (Suprema Corte y Procuración General). Fue el Poder Judicial quien dispuso, mediante sendas acordadas, tanto el uso del formulario como la actualización del proceso de trabajo, garantizando así su continuidad y plena aplicación.
El Formulario se encuentra en la etapa previa a su implementación plena, y contiene suficiente información para que magistrados y magistradas puedan tomar rápidamente las mejores decisiones en pos de proteger a las mujeres y LGTBI+ en situaciones de violencias por razones de género. Cabe destacar que uno de los insumos para la confección del Formulario fue la Matriz única de factores de alto riesgo en casos de violencias por razones de género, elaborada por nuestro ministerio y aprobada por decreto.
La relación del MMPGyDS con el Poder Judicial no se agota con la agenda de la Mesa Interpoderes. Nuestro Ministerio entabla contacto directo con juzgados y fiscalías que tramitan causas de alto riesgo y casos críticos, así como también cuando ocurre un femicidio o travesticidio, la relación con los órganos jurisdiccionales es directa o, en su caso, mediada por funcionarios de la administración de justicia y del Ministerio Público. Y, siempre, las intervenciones se encaminan a garantizar los derechos de las víctimas para prevenir, sancionar, reparar y erradicar las violencias por razones de género.
Incumplimiento de la obligación alimentaria
Esta problemática se incorporó a la agenda de la MI a partir de un informe5 elaborado por la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual. En la mesa de trabajo, el tema fue abordado por funcionarias, funcionarios, operadoras y operadores judiciales y de varios organismos de la administración, incluso por integrantes del Poder Legislativo, ya que serán necesarias reformas legales, tanto en el Registro de Deudores Alimentarios como en el procedimiento judicial.
Cada vez que se detecta un problema, la obligación estatal es resolverlo, buscar los caminos que conduzcan a la solución. Es así como se abordan otros inconvenientes relevados, entre los que se encuentran: las pericias a las que deben someterse mujeres y diversidades en situaciones de violencias, para que resulten eficaces y con las menores molestias para las víctimas; y la puesta en común de metodologías de registros de femicidios, a fin de coordinar el Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) de nuestro ministerio con el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género de la Procuración General (REVIFAG).
A modo de conclusión, quiero destacar lo novedoso de las articulaciones que se generaron a raíz de la creación de la MI. No conozco antecedentes de un trabajo de esta naturaleza y calidad entre organismos estatales que no comparten la misma cultura institucional. No obstante, hemos logrado iniciar la construcción conjunta de prácticas que incorporan el enfoque de género. Al término de la primera gestión del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, podemos aseverar que la decisión de construir este ámbito interpoderes fue acertada, y su continuidad habrá de asegurar un camino virtuoso hacia la meta de prevenir, sancionar, reparar y erradicar las violencias por motivos de género.
27 de septiembre de 2023
1- Germán Bidart Campos. (1974). Manual de Derecho Constitucional argentino. (3ª ed). Editorial Ediar.2- Así lo establece el Decreto 45/2020 (Art.4º).
3- El Ministerio Público es el cuerpo de Fiscales, Defensores Oficiales y Asesores de Incapaces que, encabezado por el Procurador General, actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad.
4- El informe completo se puede consultar aquí: https://drive.google.com/file/...
5- El informe Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires se puede consultar en el siguiente enlace: https://ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar